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Una compañía colombiana recorre la región en busca de una comunidad para realizar un piloto con un modelo basado en la desalinización de agua con el uso de energía solar y eólica y plantas automatizadas.

El modelo que proponen MFT y Col Energy fue implementado en Etiopía. / Cortesía

El modelo que proponen MFT y Col Energy fue implementado en Etiopía. / Cortesía

una red de acueducto. Según Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, la extensión del territorio, la población dispersa o la vida nómada de muchas comunidades obligan a pensar en alternativas.

De acuerdo con el gobernador encargado del departamento, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge E. Vélez, el Gobierno está pensando en soluciones para llevar agua a 21.000 puntos. Una de las apuestas está en el tren del agua, con el Cerrejón, para repartir agua en la alta Guajira, y la construcción de tanques cada 40 kilómetros. Lo que es definitivo para Vélez es que por costos se descartan opciones para el agua que funcionen con energía eléctrica o combustible.

En el congreso de Acodal que se llevó a cabo esta semana en Cartagena estuvo presente una compañía que asegura tener una solución. Se trata de Col Energy, una empresa colombiana que por estos días anda recorriendo la región en busca de una comunidad para llevar a cabo una prueba piloto, en alianza con la compañía MFT, especializada en filtración de agua con membranas, es decir, sin químicos. El proyecto cuenta con la cofinanciación del gobierno de Alemania.

El modelo, que fue implementado en Etiopía hace seis años, se basa en la desalinización de agua con el uso de energía solar y eólica y plantas automatizadas. Lo primero significa que el costo energético es cercano a cero, a diferencia de los sistemas eléctricos, en los que los costos de energía significan casi el 70 %. Lo segundo apunta a que las inversiones no se queden como elefantes blancos por factores como los costos y la disponibilidad de mano de obra en la operación.

Los puntos de acceso al agua no estarían interconectados, por lo que, de acuerdo con Camilo Cañón, gerente de Col Energy, se minimizarían las pérdidas por robos o filtraciones de las tuberías, que en acueductos de grandes ciudades como Bogotá significan cerca del 40 %. “Si hablamos de un sistema descentralizado, tenemos que entender que nuestro reto es el control y el monitoreo de microrredes de acueductos”, dice.

Oliver Kopsch, de MFT, implementó el sistema en Etiopía y asegura que las comunidades se apropiaron allí del sistema al no tener que hacerse cargo de asuntos como su mantenimiento interno. Además, con el acceso al agua potable es evidente la reducción de problemas como las enfermedades, y con los excedentes del líquido han podido emprender proyectos productivos. Para Cañón, una de las tareas es generar la cultura de pago por el servicio, que, dicen, incluso podría buscar subsidios del Gobierno.

“El problema en La Guajira no ha sido de dinero, y la solución tampoco lo es. El enfoque está en la operación de los sistemas”, afirmó Kopsch, y agregó que, en la medida en que el modelo, una vez validado, se pueda replicar con alianzas público-privadas, el costo por unidad será más bajo. Lo cierto es que hay consenso en que la crisis de agua en La Guajira demanda soluciones. Según el gobernador Vélez, el interés por solucionarla se ha manifestado tanto nacional como internacionalmente. La clave es “tener diseños sostenibles en el tiempo, que no sean costosos para no ganarnos dolores de cabeza en el futuro”.

 

26 agosto, 2016
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El informe asegura que Pacific violó derechos laborales, acaparó tierras y deterioró la situación de derechos humanos en Puerto Gaitán. Foto: Pacific Rubiales
El informe asegura que Pacific violó derechos laborales, acaparó tierras y deterioró la situación de derechos humanos en Puerto Gaitán. Foto: Pacific Rubiales

El informe asegura que Pacific violó derechos laborales, acaparó tierras y deterioró la situación de derechos humanos en Puerto Gaitán. Foto: Pacific Rubiales

 

Hace más de cinco años, cientos de empleados que trabajaban para la multinacional petrolera Pacific, en Puerto Gaitán (Meta), paralizaron la extracción de petróleo en el campo conocido como Rubiales. Los huelguistas pedían mejoras laborales, aumento de la inversión social, reversión de los daños ambientales y protección de las comunidades indígenas que habitaban cerca de los campos petroleros. Este martes, pocos días después de que Pacific abandonara Rubiales por cuenta del término de su contrato de explotación con la estatal Ecopetrol, varias organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que desde 2011 los conflictos sociales continuaron agudizándose. Por eso, presentaron el informe “El costo humano del petróleo”, en el que señalan los presuntos impactos que causó la multinacional sobre el medio ambiente y los pobladores del municipio durante sus nueve años de presencia sostenida en la zona. El documento fue elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) y el Proyecto de Acompañamiento Internacional (Paso). Esas organizaciones concluyeron que, pese a explotar el mayor pozo petrolero del país, Pacific no mejoró sustancialmente la vida de las comunidades, violó los derechos laborales, contaminó las aguas, acaparó tierras y contribuyó a criminalizar a los líderes sociales y ambientales del pueblo. En el tema laboral, aseguran que pese a que el 61% de los ingresos de los pobladores de Puerto Gaitán se derivan directamente de la producción petrolera y otro 28% proviene de los servicios que le prestan distintas empresas al sector, la mayoría de los antiguos colonos enfrentan serias dificultades para conseguir puestos de trabajo calificados porque no pueden acceder a educación superior. En ese contexto, y según el informe, los puestos se quedan en manos de personas de otras regiones, frecuentemente “tercerizadas ilegalmente” y costreñidas en su libertad sindical. En cuanto a la mano de obra no calificada, Pacific acordó con las comunidades contratar exclusivamente personal local, pero el informe señala que la contratación se supeditó a certificados de residencia expedidos por las juntas de acción comunal, que han sido duramente señaladas por, supuestamente, vender esos documentos a personas foráneas. Y pese a que la explotación de petróleo genera la mayor cantidad de ingresos y regalías en Puerto Gaitán, el informe dice que el 65% de su población tiene necesidades básicas insatisfechas y que el municipio tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del Meta. De las más de 200 personas encuestadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en cercanías al campo Rubiales, el 60% indicaron que sus hijos no tenían acceso a una escuela; el 94%, que no tenían servicio de salud; el 98%, que no había transporte público a su alcance, y más del 68% opinaron que la industria tenía relación con el incremento de la prostitución en el pueblo.

Las organizaciones que presentaron el informe aseguran que “con la llegada de Pacific a la zona aumentó la conflictividad social”. Foto: Santiago Mesa

Las organizaciones que presentaron el informe aseguran que “con la llegada de Pacific a la zona aumentó la conflictividad social”. Foto: Santiago Mesa

Respecto al medio ambiente, las organizaciones denuncian que la empresa excedió los límites permitidos para el vertimiento de aguas residuales, contaminó fuentes de agua de las que se surten las comunidades, acaparó baldíos para sembrar palma aceitera, afectó las prácticas tradicionales de pesca y caza de los indígenas, y generó sismos por cuenta de la inyección de aguas. La pobreza, los presuntos daños medioambientales y otros conflictos sociales habrían generado 23 grandes protestas desde 2007, cuando Pacific llegó a la zona. Según el informe, “frecuentemente las movilizaciones terminan en la firma de acuerdos entre ciudadanos, autoridades y el sector privado que no se cumplen, lo cual incide en que los trabajadores y las comunidades afectadas participen en nuevas manifestaciones”. El círculo vicioso de las protestas también habría traído consigo presuntos casos de agresiones físicas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Entre ellos se encuentra el caso de Wilton Aguirre, “a quien durante una protesta de 2011 agentes del Esmad le dispararon una pipeta de gas que lo impactó muy cerca de la columna vertebral ocasionándole lesiones permanentes que afectan su movilidad y le han impedido trabajar”. Otros huelguistas habrían sido golpeados, amenazados y atacados con perdigones. Además, el documento señala que existe “un patrón de persecución judicial a los líderes de base que han tenido un papel protagónico en la organización y ejecución de las manifestaciones”. Ejemplo de ello es el caso de Héctor Sánchez, quien para 2011 era trabajador de Pacific y dirigente de la USO. El informe dice que la Fiscalía acusó a Sánchez y a otros dos líderes de comandar un grupo de 300 encapuchados y secuestrar a más de cinco mil trabajadores para obligarlos a participar en una huelga. Y aunque tres meses después de su captura fue liberado, Sánchez ha tenido que enfrentar otros procesos judiciales en los que la multinacional se declaró víctima o participó como testigo. En contraste, dice el documento, la justicia no ha sido efectiva en los casos en los que la sociedad civil ha denunciado a la empresa. “Así, en mayo de 2013, Pacific fue denunciada penalmente por la USO por costreñimiento ilegal, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y violación a las libertades sindicales (…) Sin embargo, el fiscal que había decidido imputar cargos fue retirado del caso y desde entonces la investigación ha sido trasladada entre varios despachos”. Según las organizaciones que elaboraron el documento, tanto Pacific como Ecopetrol recibieron un “borrador avanzado” para que pudieran enviar comentarios, pero la primera no respondió, mientras la segunda “no quiso aportar comentarios”. Las comunidades de la zona, representadas en organizaciones como la Asociación Comité Ambiental Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán, aseguran que seguirán dando la pelea con Ecopetrol, que a partir del 1 de julio asumió la explotación del campo Rubiales.

22 julio, 2016
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Foto: FOTO: CORTESÍA FUERZA AÉREA
La avioneta cayó en la selva, en límites entre los departamentos de Guaviare y Vaupés
Foto: FOTO: CORTESÍA FUERZA AÉREA La avioneta cayó en la selva, en límites entre los departamentos de Guaviare y Vaupés

Foto: FOTO: CORTESÍA FUERZA AÉREA
La avioneta cayó en la selva, en límites entre los departamentos de Guaviare y Vaupés

Aunque esta mañana las autoridades en Vaupés dieron por cierto el hallazgo de la avioneta tipo Cessna 206, de matrícula HK-2940, desaparecida el pasado lunes, el director de la Defensa Civil en el Meta, el coronel Jorge Díaz, acaba de asegurar que la información no ha sido confirmada.

Según Díaz, en la mañana de hoy el director regional del CTI en el Vaupés habló en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en Mitú que la aeronave había sido hallada y que no había sobrevivientes. Es más, hasta le pidieron apoyo con socorristas para el rescate de los cuerpos.

Hasta me hicieron llegar un comunicado del CTI al que yo le di credibilidad, ellos armaron la confusión”, dijo Díaz.
A esta hora el CTI no ha confirmado que el comunicado sea del organismo.

 No obstante, ante la confusión que se generó, se estableció que un pescador habría visto la avioneta, pero aún no ha sido ubicada por las autoridades.

La aeronave habría sido vista en el sitio Papunagua, en el límite entre los departamentos de Guaviare y Vaupés.

En la aeronave viajaban el piloto Wilson Rico, el copiloto Camilo Otálora Galeano y los pasajeros, Carlos Alfredo Vargas, Cristóbal Flórez Barreto y Jessika Marulanda.

16 julio, 2016
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El vehículo, avaluado en $120 millones, fue atravesado en el barrio Boquerón, a la salida de Ibagué.
El vehículo, avaluado en $120 millones, fue atravesado en el barrio Boquerón, a la salida de Ibagué.

El vehículo, avaluado en $120 millones, fue atravesado en el barrio Boquerón, a la salida de Ibagué.

Constantino Rodríguez, un conductor de 35 años, dueño de la tractomula que la Policía de Ibagué incautó el jueves con fines de extinción de dominio al encontrarla atravesada en la vía, pidió que le devuelvan el vehículo adquirido 5 años atrás a través de un crédito bancario.

El vehículo, un Ford 9000, avaluado en 120 millones de pesos, fue atravesado a la altura del barrio Boquerón, en la salida de Ibagué a Cajamarca (Tolima).

“Los mismos compañeros me obligaron, porque si uno no lo hace, ellos mismos le dañan a uno el carro”, aseguró el conductor que contrató los servicios de un abogado para la defensa jurídica pues el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía.

“Los policías nos encendieron con sus gases lacrimógenos y lo que hice fue bajarme del carro y correr, luego volví pero la policía se lo llevó con una grúa”, aseguró Rodríguez, quien ha participado del paro camionero desde sus inicios “pero siempre había tenido la mula a un costado de la carretera”.

A Constantino se le nota preocupado pues otros le han asegurado que debe responder penalmente “y podría perder la mula si me aplican la figura de extinción de dominio”.

“Me han metido mucho miedo, pero como padre de familia le pido a las autoridades me devuelva el carro con el que mantengo a mis 2 hijos”, dijo el conductor.

Rodríguez tiene motivos para estar intranquilo y es que según contó este vehículo lo compró a través de un crédito y aún le debe dinero al Banco.

El capitán César Rodríguez, comandante de la Policía de Tránsito en Ibagué, afirmó que la tractomula “la encontramos atravesada en la carretera y procedimos a su inmovilización”.

Agregó que se le impuso un comparendo equivalente a 5 salarios mínimos diarios vigentes y quedó a disposición de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.

La Policía reportó que este viernes ha sido de normalidad en las carreteras del Tolima.

16 julio, 2016
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Ministro de la defensa y cúpula militar
Ministro de la defensa y cúpula militar

Ministro de la defensa y cúpula militar

Luis Carlos Villegas confirmó que se presentó “un combate de encuentro” entre una patrulla de Fuerzas de Despliegue Rápido y la guerrilla.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que se presentó “un combate de encuentro” entre una patrulla del Ejército y la guerrilla de las Farc.

Tras estas declaraciones dadas a Noticias RCN, el Ejército Nacional envió el siguiente comunicado a la opinión pública:

“1. En desarrollo de operaciones de control territorial de área para proteger a la población civil y garantizar su seguridad, el día 08 de julio de 2016 a las 10:36 hrs, se presentó un combate de encuentro entre tropas de la Brigada Móvil No 2 de la Fuerza de Despliegue Rápido y presuntos integrantes del frente 55 de las Farc, en la vereda Candilejas del municipio de la Uribe (Meta).

2. Como resultado del mismo no hubo afectación en las propias tropas ni en la población civil.

3. En posterior registro perimétrico detallado del área de acuerdo a lo reportado por la Unidad, se encontraron dos (02) banderas con eslogan alusivo a las Farc – PC3, medios digitales como cámaras y memorias USB, víveres y material de intendencia entre ellos un (01) equipo de campaña artesanal, dos (02) pantalones verde oliva y una (01) camisa pixelada, material que fue puesto a disposición de la autoridad competente. De otra parte en esta actividad no se hallaron rastros de sangre que indicaran que se hubiese presentado heridos en esta acción.

4. Las Farc solicitaron al Gobierno Nacional apoyo humanitario; de inmediato la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA inició coordinaciones con el CICR, con el fin de prestar el apoyo requerido, no obstante hace pocas horas el CICR notificó al Comandante militar de la Base de la Uribe que la operación quedaba cancelada pese a que todo estaba preparado para tal efecto.

5. Este Comando ratifica su compromiso Constitucional de proteger a la población civil y actuar de manera contundente contra todos los fenómenos de criminalidad que afecten la convivencia pacífica de nuestros compatriotas en esta zona del país”.

11 julio, 2016
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La Policía Nacional ha creado una nueva división pensada en el posconflicto, la la Unidad Para la Edificación de la Paz (UNIPEP). Esta fue creada a partir de la resolución del 22 de abril del 2016.

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Solo cuatro días después, la Policía arrancó las convocatorias internas para pertenecer a esta nueva división de la Policía. Según la resolución, esta unidad fue creada a partir de los conceptos más básicos de sobre la garantía de derechos y deberes ciudadanos y la responsabilidad del jefe de Estado de mantener el orden y asegurar el restablecimiento si fuera perturbado.

Los principales requisitos para pertenecer a esta son:

– Ser miembro activo y uniformado de la Policía (Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros)

– No tener investigaciones en curso sobre asuntos disciplinarios, de DD. HH, administrativos, penales ni de justicia penal militar o contravencional.

– No haber tenido sanciones disciplinarias, penales o administrativas en los últimos tres años o inhabildades especiales

La convocatoria interna de la Policía está programada para terminar el 12 de diciembre de 2016. Ésta seguramente buscará vincularlos a un proceso de capacitación con habilidades específicas y en la resolución se incluyen a las seis principales regionales de laPolicía, en esas sedes se ordena crear unas subunidades, así:

1. Convivencia y seguridad ciudadana.

2. Protección a mecanismos de monitoreo y verificación.

3. Investigación.

4. Básica de inteligencia.

27 junio, 2016
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Todos aquellos ciudadanos que han estampado su firma en las planillas de los puntos de recolección del partido Centro Democrático han aceptado su “inmediata incorporación como soldados regulares y/o bachilleres del Ejército de Colombia con disposición plena e inmediata sin consideración de eventuales restricciones legales para engrosar las unidades dispuestas en zonas de alta presencia guerrillera”.

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Dicha información, que permanecía bajo reserva, fue dada a conocer hoy por voceros de este partido, para de esta forma “silenciar de manera rotunda todas aquellas críticas que apuntaban a nuestra supuesta falta de coherencia al pedir plomo y no estar listos para ir al monte a darlo. Pues quedan callados, acá estamos listos para enrolarnos”.

“Nosotros tenemos muy claro que si uno pide bala, pues tiene que estar dispuesto a darla. En el caso de los mayores, o de aquellos que por alguna razón no se encuentren aptos para enrolarse, entonces, con la firma también, facultaron al partido para que este disponga de un hijo o amigo cercano y muy estimado”, añaden.

Piden una sola condición, que el batallón que conformen sea llamado “Buenos muchachos”.

Y no solo eso. Trascendió igualmente que la rúbrica también dio vía libre a la Dian para acceder a los respectivos patrimonios reflejados en las respectivas declaraciones de renta -solo Tomás y Jerónimo Uribe no están cobijados-  y valerse de ellos para financiar, dado el caso, lo que cueste darle muerte definitiva a “la culebra que sigue viva”.

25 junio, 2016
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frncis

El Vaticano había condicionado una visita del pontífice a la suscripción de un acuerdo entre las partes.

frncis

El papa Francisco se mostró este viernes “muy feliz” por la de “buena noticia” de los acuerdos entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tras “50 años de guerra, de guerrilla” y “después de tanta sangre vertida”.

En el avión que lo conduce a Armenia para una visita de tres días, el pontífice expresó que desea “que los países que trabajaron para hacer la paz y son los garantes blinden este acuerdo para que no pueda regresarse atrás, hacia un estado de guerra”.

El Vaticano y la iglesia colombiana fueron muy activas para ayudar en las negociaciones de paz de La Habana.

El Vaticano había indicado que un viaje del papa a Colombia está contemplado en la primavera próxima si la paz se firma.

El gobierno de Colombia y las FARC sellaron el jueves un histórico acuerdo de cese al fuego bilateral y desarme de la guerrilla, un paso crucial hacia un pacto final para el fin del conflicto armado más antiguo de América.

“Hoy es un día histórico para nuestro país: después de mas de 50 años entre muertes, atentados y dolor hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC”, celebró el presidente Juan Manuel Santos tras estrechar la mano del líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), Timoleón Jiménez, “Timochenko”.

“Que este sea el último día de la guerra”, afirmó por su parte el comandante rebelde, quien encabezó junto con Santos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la ceremonia de firma del acuerdo en la capital cubana, sede de las negociaciones desde noviembre de 2012.

El conflicto colombiano ha involucrado durante más de cinco décadas a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

El acuerdo entrará en vigor tras la próxima firma del pacto final de paz, que tendrá lugar en Colombia. La fecha no fue precisada, aunque Santos dijo el lunes que podría estar concluido para el 20 de julio, día de fiesta nacional.

Este es el cuarto intento de sellar el fin de la guerra con las FARC, surgidas de una sublevación campesina en 1964, luego de tres fracasos: en 1984, con Betancur, y en 1992 y 1999, con los presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, respectivamente.

El papa viajó el viernes a Armenia para una visita de tres días que puede irritar a Turquía si Francisco vuelve a usar el término de genocidio para referirse a las matanzas de armenios bajo el imperio otomano.

Ankara, que sigue negando que un genocidio tuviera lugar durante la Primera Guerra Mundial, estará muy pendiente de los movimientos y declaraciones de este viaje, el 14º de su pontificado.

Francisco es el segundo papa en visitar Armenia desde que resurgiera como un Estado independiente de las cenizas de la Unión Soviética.

24 junio, 2016
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timoleon

paz

Colombia da este jueves un paso histórico en La Habana con un acuerdosobre uno de los puntos más importantes de la agenda de negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc: el fin del conflicto.

Rodolfo Benítez, representante del gobierno de Cuba, fue el encargado de leer el acuerdo alcanzado por las partes. Lo hizo en el salón de protocolo de El Laguito, en La Habana (Cuba), y ante los ojos del secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, de cinco presidentes y una delegación del Gobierno, Congreso, gremios y decenas de periodistas que fueron testigos del trascendental momento.

Entre los anuncios claves está que el acuerdo final de paz será firmado en Colombia. Además, que el acuerdo incluye la concentración de guerrilleros en 23 zonas, en las que estarán de civil y sin armas. También, que dejarán las armas que recibirá la ONU y aceptarán el mecanismo de participación que avale la Corte Constitucional para que el pueblo colombiano diga si acepta o no los acuerdos de paz.

Tras la lectura y firma del acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, alias Timochenko, sellaron el acuerdo con un apretón de manos, acompañado del presidente en Cuba, Raúl Castro.
En sus intervenciones, Castro dijo: “La paz no es utopía, es un derecho de todos los pueblos. Cuba en su condición de garante seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible para que se cumple este acuerdo”.

Por su parte, ‘Timochenko’ mencionó que se está “muy cerca de la firma final que iniciará la construcción de una paz estable y duradera”.

Posteriormente, continuó: “El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá la movilización constante de la gente para su cumplimiento”. También agregó que las Farc harán política: “Esa es nuestra razón de ser, pero con los mismo derechos y políticas de los demás partidos”.

Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el acuerdo final de paz será firmado en Colombia y que el compromiso con las Farc es resolver los puntos restantes lo antes posible.

Santos dijo que se garantizará la justicia para las víctimas y aseguró: “¡Nos llegó la hora de vivir sin guerra! !Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza!”.

Igualmente, explicó: “No solamente se acordó el fin de las confrontaciones –con un cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo–, sino que también se definió un cronograma preciso para que las Farc dejen las armas para siempre. Esto significa –ni más ni menos– el fin de las Farc como grupo armado”.

En su discurso citó cinco puntos clave en el acuerdo: “Primero: el fin del conflicto con las Farc; el segundo, que habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia; el tercero, que los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades, donde el desarrollo, los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción.
El cuarto es una democracia fortalecida, donde todos quepamos, donde todos podamos opinar, disentir, construir; y el quinto: una paz estable y duradera, que nos dé la tranquilidad a todos de que los días oscuros de la guerra con las Farc no volverán jamás, nunca más”.

Este es el acuerdo firmado

Paso a paso de la concentración de guerrilleros y la dejación de armas:

Una vez esté en vigencia el acuerdo final de paz, a partir del día uno “la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las Farc a dichas zonas”.

A partir del día 5, comenzará el desplazamiento hacia dichas zonas acordadas. Esto, “siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc”.

En total son 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. “Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las Farc en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses”.

El acuerdo fija que estas zonas son “temporales y transitorias” y cada una de ellas contará con equipos de monitoreo local. “Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda; tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno”.

Aclara que “la salida de combatientes de las Farc de los campamentos se hará sin armas y de civil” y que “las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las zonas” permanecerán y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas”. Además, que “en los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento”.

Otro tema clave es que las Farc designarán “un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz”.

Y Añade: “Así mismo, por cada zona, las Farc designarán un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las Farc cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.

La dejación de armas

Este proceso será en dos tiempos: control de armamento y dejación de las armas, tras el registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

“Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las Farc, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases”, se lee en el acuerdo.

Además, que “para garantizar el control efectivo del armamento en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las Farc”.

También indica: “Recibido el armamento, el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública”.

 

23 junio, 2016
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